Abuso de menores: La responsabilidad social detrás del flagelo

Ayer se confirmó la denuncia de un caso de abuso sexual agravado, cuya víctima, de solo 12 años, presenta un embarazo de cuatro meses, como resultado del hecho denunciado. Además trascendió que el abuso fue reiterado, y que el violador sería otro menor. Pero ¿Cómo es posible que la denuncia llegue a la justicia recién a los cuatro meses del hecho? ¿Puede acaso reducirse el abordaje de la problemática, al mero juzgamiento del abusador? ¿Es acaso el único responsable de este aberrante episodio? Como sociedad políticamente organizada que somos ¿Le dimos a esa pequeña de 12 años elementos suficientes para defenderse de este peligro, que conocemos, que sabemos que existe? ¿Hasta dónde nuestra miopía seguirá empecinada en negarle a los más vulnerables la mínima herramienta de autodefensa que se les puede brindar, que es el conocimiento –en este caso de su sexualidad y sus derechos-? Este hecho no se reduce a la perversidad que pudo tener el autor, porque la reacción de la víctima pudo haber evitado o al menos menguado el abuso, si hubiera sabido cómo. He ahí nuestra falencia, nuestra responsabilidad social ante una problemática, que puede ser evitada.

La “Generación perdida”

Más de una vez hemos hablado o cuanto menos oímos hablar de la “Generación perdida”. Quienes nacimos en democracia, nos enteramos algo tarde, de que hubo una vez una importante cantidad de dirigentes, de todos los sectores pero particularmente del estudiantil y obrero, con una notable formación y compromiso político. Hombres y mujeres, que en algunos casos no superaban los 20 años, e incluso algunos que no superaron los 17, y que al día de hoy aún son recordados por sus compañeros sobrevivientes –que hoy peinan canas- como “unos cuadros de puta madre”. Esos adolescentes y jóvenes, verdaderos cuadros políticos; esos dirigentes “inclaudicables”, fueron secuestrados, torturados y desaparecidos, y fueron arrancados de la historia, en desmedro de la posteridad. Esa posteridad, que hoy somos nosotros, jóvenes y adolecentes; huérfanos políticos, porque no supimos o no pudimos tomar la posta, pues esta había caído con la generación que nos precedió. Pero cuando hablamos de esas 30.000 almas, como la “generación perdida”, muchos ignoramos, que estamos usando el mismo término que los militares eligieron para orquestar su plan represivo: Decían pues, que esos jóvenes eran una generación perdida, porque eran contestatarios, rebeldes, y a los ojos del orden establecido, no servían para conducir el modelo de país que el imperio del Norte tenía pensado para la Argentina.

Abortos clandestinos: Unas 15 mujeres son internadas mensualmente en el Masvernat por interrumpir su embarazo con fármacos

El triste caso de la adolescente de 17 años que murió días atrás por una infección generalizada, a causa de un precario aborto clandestino, fue sin duda tomado por los medios, logrando -aunque sea por unos días- instalar el tema en la opinión publica. Pero fuentes inobjetables del ámbito del Hospital Masvernat, confirmaron a DIARIOJUNIO que este fue solo uno de los cerca de quince casos de aborto clandestino que se registran todos los meses en ese nosocomio, y que por no derivar en la muerte de la paciente, no toman mayor estado publico. La causa más frecuente, es el uso de un fármaco que según la ley solo puede venderse en farmacias y bajo prescripción médica, pero que en la realidad se consigue en el mercado negro, se compra directamente de los laboratorios, o hasta por Internet. Según afirma esta fuente, “el aborto con fármacos es menos riesgoso para la madre que las agujas, pero sigue siendo un flagelo, porque es algo que debe ser controlado por un médico, ya que tiene innumerables efectos adversos y puede causar la infertilidad e incluso la muerte”. Al año, son 180 mujeres que abortan clandestinamente en Concordia y que deben se internadas por complicaciones.

Caso Bressán: El STJ aún no resuelve si hará lugar al recurso interpuesto por la Defensa para ir a la Corte en casación

Luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) resolviera por dos votos a favor y uno en contra, asistirle razón a la Fiscalía en su reclamo de aumento de pena, elevando de 6 a 10, los años de prisión para el imputado por la autoría de los tres homicidios calificados (derecho de menores) en el marco del juicio de casación de sentencia al que habían recurrido tanto la defensa como parte acusatoria, la representante legal de Matías Bressán, defensora oficial de pobres y menores María del Lujan Giorgio, interpuso un recurso extraordinario In Pauperis, para ser elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en el que la parte solicita –en resumidas cuentas- la nulidad de la sentencia del STJ por considerarla arbitraria, y la declaración de inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal de Entre Ríos; los resultados que busca la defensa son; de máxima, la absolución de pena, y de mínima, que se ejecute la sentencia más benigna. Pero según confirmaron fuentes judiciales a DIARIOJUNIO, hasta la fecha el STJ no informó que haya revisado el recurso, de cuyo resultado dependerá si Matías espera en libertad o en prisión el tratamiento de su caso en la Corte.

Juicio abreviado: 9 años de prisión para Carlos Bourdin Álvarez por el homicidio de Ángel Vivas

En la mañana del pasado lunes se celebró en la Sala Penal de los tribunales de Concordia, la última jornada de debate del Juicio Oral y Público por el homicidio de Ángel Vivas, un padre de familia que tenía 30 años de edad cuando fue herido de un balazo en la cabeza, la noche del 9 de octubre de 2008, y murió una semana después en la sala de cuidados intensivos del Sanatorio Garat. Tal como lo informara oportunamente DIARIOJUNIO, al conocerse la noticia de su muerte, y cambiar de caratula la causa judicial que se había iniciado contra Bourdin por “tentativa de homicidio”, el imputado se fugó a la Republica Oriental del Uruguay, país del que fue extraditado en septiembre del año pasado. Tras la renuncia del Abogado defensor de Bourdin, que se dio en pleno debate el pasado martes por diferencias con su cliente, la tutela quedó en manos del Defensores oficiales y tras lograr un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía y la Querella, el imputado reconoció el hecho aceptando la pena consensuada de 9 años de prisión efectiva.