El Consejo de la Magistratura desestimó un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien lleva adelante la investigación por la filiación de los hijos adoptivos de la directora del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, hecho por los abogados de Marcela y Felipe Noble Herrera.
El pedido de enjuiciamiento y destitución por "mal desempeño" había sido realizado por los abogados Alejandro Carrió y Roxana Piña, que la denunciaron por haber ordenado el pasado 28 de mayo una requisa de ropa interior para extraer material biológico y realizar los estudios de ADN que probarían si son o no hijos de desaparecidos durante la última dictadura.
La jueza federal de San Isidro dio la orden luego de que ambos jóvenes se negaran a dar muestras de sangre para que sean cruzadas con las 2500 muestras de otros tantos familiares de desaparecidos almacenadas en el Banco Nacional de Datos Biológicos.
La requisa se efectuó en la casa de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín pero los análisis no pudieron realizarse dado que la ropa estaba contaminada, presumiblemente adrede, por haber sido usada por varias personas que dejaron diferentes materiales biológicos.
Por el hecho fue procesado un oficial de la Policía Federal del grupo encargado de realizar el procedimiento, quien aparentemente previno del operativo a los jóvenes Noble.
Fuentes del Consejo de la Magistratura dijeron que la comisión encargada de analizar las denuncias aprobó hoy un dictamen desestimatorio elaborado por el instructor sorteado, el senador Nicolás Fernández, quien mañana deja el cuerpo.
En su dictamen, Fernández consideraba que los hechos en cuestión son "netamente jurisdiccionales", pertenecientes a la órbita de los magistrados sobre los que el Consejo no tiene competencia.
Tras este dictamen, el plenario del Consejo cerrará definitivamente la denuncia la semana próxima.
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